Al momento de redactar este informe, con el 56 por ciento de los votos escrutados, los primeros resultados de las elecciones peruanas del domingo apuntan a una segunda vuelta dominada por candidatos de extrema derecha.
Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular e hija del exdictador Alberto Fujimori, encabeza la contienda con el 16,94 por ciento. Le siguen de cerca Rafael López Aliaga, el exalcalde ultraderechista de Lima, y Jorge Nieto, del Partido del Buen Gobierno. Las encuestas a pie de urna sitúan al “castillista” Roberto Sánchez en la lucha por el segundo puesto, impulsado por el apoyo en regiones rurales remotas cuyos votos podrían tardar más en contabilizarse.
Estas cifras no reflejan un auténtico entusiasmo popular por la extrema derecha. Más bien, reflejan la profunda desesperación social y la ausencia de una alternativa política independiente para la clase trabajadora.
Las elecciones, que elegirán al noveno presidente de Perú en una década, se desarrollan en medio del caos y la desorganización. En Lima, el 13 por ciento de los centros de votación no estaban instalados por la mañana, lo que afectó a casi 850.000 votantes.
Por la tarde, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) admitió que 211 mesas electorales no habían abierto, dejando sin derecho a voto a más de 63.000 personas. Distritos enteros, incluido el bastión obrero de San Juan de Lurigancho, carecían de material electoral.
Estas irregularidades, sumadas a las demoras relacionadas con contratistas vinculados a la alcaldía de López Aliaga, evidencian el desprecio de la élite gobernante por los procesos democráticos. Al mismo tiempo, candidatos de derecha difundieron cínicamente acusaciones infundadas de fraude, preparando el terreno para acusaciones al estilo Trump de un robo electoral y una mayor desestabilización.
A pesar de los 36 candidatos y cuatro presidentes desde las últimas elecciones de 2021, el panorama político permanece prácticamente inalterado. En aquellas elecciones, Pedro Castillo lideró la primera vuelta con apenas el 19 por ciento. Keiko Fujimori y López Aliaga le siguieron con porcentajes similares a los de hoy.
Castillo fue derrocado en un golpe parlamentario en diciembre de 2022, liderado por el Congreso de extrema derecha. Su vicepresidenta, Dina Boluarte, fue designada para dirigir la represión posterior, que dejó más de 70 muertos, pero fue depuesta posteriormente ante la fuerte oposición. Le siguieron una rápida sucesión de presidentes, entre ellos José Jerí, destituido en medio de un escándalo, y José María Balcázar, quien supervisó la votación.
Un Congreso de extrema derecha fortalecido
Las elecciones se celebran junto con el restablecimiento de un Congreso bicameral por primera vez en 34 años, compuesto por 130 diputados y 60 senadores. Según las encuestas a pie de urna, Fuerza Popular, de Fujimori, dominará el Senado con 22 escaños. Junto con Renovación Popular, de López Aliaga, la ultraderecha podría obtener una mayoría de 30. En la Cámara de Diputados, se proyecta que el fujimorismo ganará 41 escaños, seguido por el partido nacionalista de izquierda Juntos por el Perú con 22 y Renovación Popular con 20.
Esta consolidación del poder legislativo se produce a pesar de la abrumadora oposición popular: nueve de cada diez peruanos desaprueban al Congreso. En los últimos años, este ha llevado a cabo repetidas destituciones presidenciales, ha concedido amnistía a miembros de las fuerzas de seguridad implicados en abusos contra los derechos humanos, ha bloqueado cualquier rendición de cuentas por el asesinato de más de 70 manifestantes durante el gobierno de Boluarte y ha puesto trabas a la investigación de los vínculos de los legisladores con el crimen organizado.
El papel del imperialismo estadounidense ha sido decisivo. En 2022, la embajadora Lisa Kenna, según informes, coordinó con la cúpula militar durante el derrocamiento de Castillo para asegurar que las fuerzas armadas desobedecieran su orden preventiva de disolver el Congreso. Posteriormente, la administración Biden brindó pleno respaldo al régimen de Boluarte, que autorizó el despliegue de más de 1.200 soldados estadounidenses en el país.
El Congreso también ha modificado las normas electorales para afianzar su poder. Los votos nulos se redistribuyen entre los partidos mayoritarios, beneficiando desproporcionadamente a las fuerzas políticas establecidas. Las nuevas disposiciones permiten conservar las papeletas después de la votación, lo que posibilita una posible manipulación.
El nuevo Congreso no solo conservará la facultad de destituir presidentes, sino que también extenderá su autoridad sobre instituciones clave, como el banco central, el poder judicial y la fiscalía. El Senado, por su parte, está constitucionalmente protegido contra su disolución.
Ante una creciente delincuencia violenta —en particular las extorsiones y los asesinatos en las grandes ciudades— , los candidatos de derecha han explotado el miedo público para abogar por el fortalecimiento de un Estado policial. Sin embargo, ocultan las causas profundas: la creciente desigualdad social bajo el capitalismo y la integración de redes criminales con sectores de la élite política. Figuras como Fujimori y el multimillonario populista César Acuña tienen numerosos casos judiciales que los vinculan con el narcotráfico y la minería ilegal.
Tensiones geopolíticas e intervención estadounidense
Las elecciones se desarrollan en el marco de una creciente lucha geopolítica en la que el imperialismo estadounidense está intensificando sus esfuerzos por expulsar la influencia china en el hemisferio.
Perú se ha convertido en un nodo clave en las cadenas de suministro globales, especialmente al vincular la minería del cobre con la industria de vehículos eléctricos de China. Esta relación se concretó con la inauguración del megapuerto de Chancay en noviembre de 2025 por Boluarte y el presidente chino Xi Jinping.
Donald Trump ha amenazado directamente al puerto, mientras que el Departamento de Estado lo ha calificado de instrumento de la “propiedad china depredadora”. El Pentágono ha destinado 1.500 millones de dólares para reubicar y modernizar la principal base naval de Perú al norte de Chancay, una clara contramedida militar.
Estas acciones forman parte de una estrategia estadounidense más amplia para instalar regímenes de extrema derecha y afines a Washington en toda América Latina, siguiendo el modelo de Argentina y otros países.
Es significativo que estas tensiones geopolíticas apenas hayan aflorado en la campaña electoral. El analista político Gonzalo Banda señaló a Al Jazeera que la política exterior estuvo prácticamente ausente del debate, a pesar de la creciente intervención de Washington. Incluso decisiones controvertidas, como el abandono de los planes para comprar aviones Gripen suecos en favor de los F-16 estadounidenses, más caros, no se convirtieron en temas de campaña.
Si bien López Aliaga ha expresado su apoyo a unirse a la red de gobiernos de extrema derecha 'Escudo de las Américas' de Trump y a una intervención militar estadounidense en Perú, entre otras declaraciones similares, optó por distanciarse del fascista de la Casa Blanca tras el lanzamiento de la guerra genocida contra Irán.
Mientras tanto, las tensiones sociales se intensifican. Los precios de la gasolina se han disparado hasta un 75 por ciento debido a la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, mientras que el aumento de los costes de los fertilizantes —cuyo incremento, debido a la guerra entre Estados Unidos y la OTAN contra Rusia en Ucrania, fue un factor importante en la crisis política de 2022-23— amenaza con devastar la agricultura.
El papel de la pseudoizquierda y la burocracia sindical
El dominio de la extrema derecha, a pesar de su impopularidad, es inseparable del papel de la 'izquierda' nominal y de la burocracia sindical.
Candidatos como Roberto Sánchez y Alfonso López Chau obtuvieron alrededor del 8 por ciento cada uno, según los resultados preliminares, no ofrecieron una alternativa real. Sus campañas se centraron en la retórica nacionalista, mensajes anticorrupción —posiciones indistinguibles de sectores de la derecha— y peticiones de indulto para Castillo.
Estas fuerzas reflejan las divisiones dentro de la burguesía sobre cómo equilibrar los lazos económicos con China con la alineación militar y política con Estados Unidos.
Organizaciones pseudoizquierdistas, incluidos grupos morenistas como el Partido Socialista de los Trabajadores (PST), han oscilado entre apoyar a candidatos burgueses y pedir el voto nulo, al tiempo que promovían ilusiones en el aparato sindical.
El PST ha respaldado a un candidato tras otro. En un comunicado anterior, publicó que “respetamos el entusiasmo” por la candidatura de Alfonso López Chau, profesor de economía y exdirector del Banco Central de Reserva del Perú.
Ahora habla del “fiasco” de Pedro Castillo y tacha a Isabel Cortez de “política burguesa” tras haberlos apoyado previamente. Respecto a las “ilusiones” de la política burguesa que ahora denuncian, cabe citar su declaración de 2021:
La compañera Isabel Cortez, congresista obrera que ha sido elegida presidenta de la Comisión de Trabajo del Congreso, ha inaugurado su performance realizando diversas gestiones en apoyo a los sindicatos en lucha. Un verdadero ejemplo que los trabajadores reconocen y aplauden.
Existe una crisis histórica del régimen burgués, donde la extrema derecha se fortalece cada vez más mientras la oposición se reagrupa repetidamente con candidatos y coaliciones anti-Fujimori, quienes finalmente llegan al poder y ceden ante las presiones de la extrema derecha o son depuestos.
Sin embargo, es significativo que todo el sistema político esté tan desacreditado que incluso estos grupos oportunistas de clase media, afines a la burocracia sindical, se niegan, por ahora, a respaldar a ningún candidato. Su alternativa, “Ante la trampa electoral, volvamos a los métodos de lucha de las regiones del sur”, no es más que otro engaño.
Se trata de una referencia a los métodos empleados en las protestas contra Boluarte y el Congreso, que incluyeron varias “Tomas de Lima” y “Marchas de los Cuatro Suyos”, coordinadas por el CNUL (Comando Nacional Unitario de Lucha), que trabajó activamente para contener el movimiento.
Controlada por la burocracia de la CGTP, liderada por el Partido Comunista Peruano estalinista y su frente agrario, la Central Única Nacional de Rondas Campesinas, el CNUL se negó sistemáticamente a convocar huelgas generales o movilizar a la clase trabajadora limeña, limitando las protestas a marchas aisladas y bloqueos de carreteras que eran dispersados metódicamente por las fuerzas de seguridad.
El WSWS caracterizó a estas organizaciones como representantes de “capas de la burguesía provincial e indígena y de la clase media alta urbana” que ofrecían ayudar a contener el descontento a cambio de concesiones políticas, canalizando la auténtica indignación social hacia el callejón sin salida de exigir una Asamblea Constituyente, que solo serviría para revitalizar las instituciones políticas burguesas del Perú, fatalmente desacreditadas.
Lo que caracteriza a toda la pseudoizquierda es una orientación nacionalista hacia el Estado y las burocracias sindicales, y un rechazo a la independencia política de la clase trabajadora basada en un programa revolucionario e internacionalista. El resultado es un profundo vacío político. Mientras que todo el sistema está desacreditado, la clase trabajadora sigue sin un liderazgo político independiente.
Raíces históricas de la crisis
La crisis actual es la culminación de décadas de degeneración política.
La historia política de Perú ha estado marcada por diversas formas de nacionalismo y radicalismo de izquierda con una notable influencia internacional, desde el nacionalismo burgués del APRA de Víctor Raúl Haya de la Torre hasta el nacionalismo indígena de José Carlos Mariátegui, disfrazado de “marxismo”, el reformismo militar del general Juan Velasco Alvarado y la guerrilla maoísta de Sendero Luminoso.
A mediados de la década de 1970, los límites del nacionalismo quedaron al descubierto. Un golpe de Estado respaldado por la CIA llevó al poder a Francisco Morales Bermúdez, alineando al Perú con las políticas de austeridad del FMI y la Operación Cóndor. Protestas masivas y una huelga general derrocaron al régimen en 1977.
Las décadas siguientes presenciaron el descrédito de todas las tendencias políticas. El gobierno del APRA de Alan García terminó en hiperinflación y represión. La Izquierda Unida proporcionó una fachada de izquierda al gobierno burgués, mientras que la estrategia guerrillera de Sendero Luminoso devastó las comunidades rurales.
Este colapso allanó el camino para la dictadura de Fujimori en la década de 1990, marcada por el 'autogolpe' de 1992, la represión masiva y las profundas reformas neoliberales. Su régimen finalmente cayó en medio de escándalos de corrupción, pero su legado perdura a través de Keiko Fujimori.
Desde entonces, todos los gobiernos populistas de izquierda —desde Ollanta Humala hasta Castillo— han seguido el mismo patrón: hacer campaña con promesas reformistas, para luego implementar políticas de derecha y reprimir a la oposición.
El escándalo de sobornos de Odebrecht expuso aún más la corrupción sistémica de toda la élite política, erosionando cualquier legitimidad que le quedara.
Una crisis histórica del poder burgués
Las elecciones en Perú reflejan una crisis histórica del poder burgués. El repetido colapso de gobiernos, la consolidación del poder autoritario y la profundización de la crisis social apuntan a explosivas luchas de clases en el futuro.
La cuestión decisiva que se plantea es la construcción de un liderazgo político independiente —una sección peruana del Comité Internacional de la Cuarta Internacional— capaz de dar a estas luchas una auténtica orientación socialista e internacionalista.
(Artículo publicado originalmente en inglés el 14 de abril de 2026)